En el año 2003 fue publicada la Ley N° 27933 que creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con el fin de diseñar, elaborar y ejecutar políticas públicas de forma coordinada interinstitucional en cada uno de los niveles de gobierno, mediante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y los respectivos comités regionales, provinciales y distritales.
Para Defensoría del Pueblo la inseguridad ciudadana constituye un problema de especial relevancia y atención, toda vez que afecta la vigencia de derechos de primer orden, como a la vida, a la integridad y a la libertad de las personas y porque, además, perjudica la estabilidad y el desarrollo de la nación.
En este sentido, desarrolla supervisiones con un enfoque de 360° de protección de los derechos humanos de la labor que cumplen los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) en virtud de sus funciones y deberes que establece la Ley N° 27933 y sus normas reglamentarias y modificatorias. De esta forma, se busca no solo promover políticas y estrategias eficientes a favor del respecto y libre ejercicio de los derechos de las personas, sino también velar porque los actores estatales que tienen a su cargo garantizar la seguridad ciudadana, puedan cumplir sus labores bajo condiciones idóneas y dignas.
Del mismo modo, ponemos especial énfasis en acciones de carácter preventivo y en incentivar la participación de la sociedad organizada en la elaboración y el seguimiento de los planes de seguridad ciudadana de los correspondientes comités, así como para la rendición de cuentas de las autoridades competentes sobre el cumplimiento de sus metas.
La actuación de la Defensoría del Pueblo en el contexto de la pandemia por la COVID-19, permitió constatar una serie de situaciones al respecto, emitiendo pronunciamientos públicos y formulando recomendaciones para salvaguardar los derechos de la ciudadanía y del personal policial, militar y del serenazgo municipal desplegado en la denominada “primera línea”.
